25 Abr Josep Ochoa: “Una organización moderna no puede estar al margen de los compromisos sociales, ambientales y éticos”

Más allá de ser una moda o una estrategia para ganar reputación, la responsabilidad social va ganando terreno como una forma de gestión a la que cada vez se adhieren más empresas y entidades. Por este motivo, el gobierno valenciano está preparando la primera ley autonómica sobre esta materia, con el fin de impulsar su consolidación en el ámbito público y privado. Josep Ochoa, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante y Director General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Generalitat, estuvo el pasado 20 de abril en las instalaciones de la Agencia Local de Desarrollo para dar a conocer los aspectos de esta futura regulación.

Pregunta: ¿En qué consiste el concepto de responsabilidad social?
Respuesta: El concepto clásico es entendido como el compromiso voluntario, por parte de las empresas o instituciones, de ir más allá de los compromisos legales desde el punto de vista social, ambiental y ético. Por tanto, es un ejercicio de voluntariedad de ir más allá de las obligaciones legales e incluso de los convenios colectivos.

P: ¿En qué beneficia a una entidad, ya sea pública o privada, la aplicación de este tipo de políticas?
R: Supone sumarse a lo que ya está pasando en el resto de España y Europa desde el punto de vista de una apuesta por la competitividad, la modernidad y la innovación social. Una organización moderna no puede estar al margen de estos compromisos.

P: En líneas generales, ¿cuál es la situación de las empresas y entidades de la Comunidad Valenciana en esta materia? ¿En qué punto estamos?
R: Debemos tener en cuenta que el tejido productivo de la Comunidad Valenciana está formado principalmente por pequeñas y medianas empresas. Por tanto, hay mucha tarea por hacer: las empresas tienen que ver la responsabilidad social como una oportunidad. Por otra parte, tenemos empresas grandes y potentes en las que ya estaban aplicándose muchas de estas prácticas, por lo que, de algún modo, pueden tirar del carro de sus proveedores y grupos de interés.

P: Por qué es importante que exista una regulación autonómica sobre responsabilidad social?
R: Más que regular, lo que viene es a reglar, es decir, a determinar de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la responsabilidad social, cuáles son los presupuestos sobre los cuales una entidad o empresa podrá decir que es socialmente responsable. Se trata de mantener el equilibrio entre la voluntariedad de este tipo de prácticas y la parte de responsabilidad pública.

P: ¿Cuáles son concretamente los objetivos de esta ley?
R: La ley es un ejercicio de compromiso por parte de las administraciones públicas. Una administración pública moderna no puede estar al margen de estos compromisos sociales y ambientales, como contratar por encima del porcentaje mínimo de personas discapacitadas o implantar planes de igualdad aunque no esté obligada. Hay que predicar con el ejemplo y la ley es justamente una oportunidad para eso.

P: ¿En qué punto se encuentra la elaboración de esta ley?
R: Está en la recta final para que sea asumida como proyecto de ley por parte del Consell. Ya ha pasado uno de los trámites legales más importantes: el de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, porque la ley tiene una parte muy importante de contratación pública socialmente responsable. A la Administración no le tiene que resultar indiferente con quién contrata y el precio no puede ser el único criterio de adjudicación de un contrato público.

P: ¿Existe, entre los partidos políticos y agentes implicados, un cierto consenso sobre esta ley? ¿Cuáles son, si las hay, las posibles discrepancias en esta materia?
R: En principio no he detectado ninguna, al contrario: he detectado la necesidad de que la ley regularice y diga cuál es la realidad de la que estamos hablando. Hemos tenido muchas reuniones con representantes de la sociedad civil, sindicatos, ONG y otras entidades y todos los ven como una buena oportunidad. El Consell debe tomar buena nota de todo esto, enviar el proyecto a las Cortes Valencianas y, después, los grupos parlamentarios podrán hacer las enmiendas que estimen oportunas.